COLOQUIO CIUDADANO CON TOMÁS GÓMEZ
MARTES 2 DE MARZO A LAS 19:00
CENTRO CULTURAL BUENAVISTA AVDA DE LOS TOREROS (MADRID)
Tomás Gómez apuesta por una Justicia eficaz, rápida y gratuita para garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos frente a la "agresión" que se produce por parte del Gobierno regional
El líder de los socialistas madrileños ha realizado esta afirmación tras la reunión que ha mantenido con el Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, José Luis Doñoro, y la junta directiva de dicho organismo, con quienes ha analizado los problemas de la Justicia tanto en Madrid como, más concretamente, en la ciudad alcalaína
"Apostar por una Justicia eficaz, rápida y gratuita es garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos", ha dicho Gómez, para quien es fundamental "profundizar en la democracia y en determinadas cuestiones económicas" ya que, por ejemplo, a más recursos y si la Justicia funciona mejor, se potenciaría el asentamiento empresarial en la región al poder contarse con seguridad jurídica.
Gómez ha destacado con asunto central del encuentro el asunto de la justicia gratuita y el turno de oficio en la Comunidad de Madrid por tres cuestiones básicas: primero porque "está habiendo una agresión por parte de la Comunidad de Madrid, cuestionando la profesionalidad de abogados", algo "fuera de lugar, inmoral y poco ético"; segundo porque persiste un grave problema de impagos al colectivo del turno de oficio que sólo ha percibido las retribuciones correspondientes al primer semestre de 2009, "lo que supone problemas financieros para quienes aseguran el derecho a la defensa de quienes no tienen recursos"; y, en tercer lugar, por la tendencia del Gobierno regional "a privatizar la justicia gratuita en Madrid", lo que a juicio de Gómez es "absolutamente inaceptable porque quiebra el principio de defensa al que tienen derecho todos los ciudadanos".
Sólo en Alcalá de Henares, tal y como han explicado Gómez y Doñoro, se atendieron el pasado año más de 16.000 designaciones y la deuda pendiente con el turno de oficio se sitúa en torno a los 4 millones de euros.
Por todo ello, Gómez ha subrayado que los socialistas madrileños "defendemos un modelo de justicia gratuito", especialmente ahora, con la crisis, cuando más gente se puede encontrar sin recursos. Asimismo ha recordado el pacto por la Justicia que el PSM ofreció en octubre del pasado año al Gobierno de Esperanza Aguirre, "sobre el que aún no recibimos respuesta" y que "reclama no sólo el PSM sino todo el mundo de la jurisprudencia".
"Hay que avanzar en la concentración de sedes judiciales porque la dispersión ocasiona problemas y disfunciones en funcionamiento de justicia", ha añadido el Secretario General del PSM quien ha insistido en lo indispensable que resulta tanto para la región como en concreto para Alcalá de Henares la apuesta por mejores infraestructuras, más recursos y más personal a través de ofertas públicas de empleo.
El Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, José Luis Doñoro, ha valorado positivamente el encuentro y ha mostrado su coincidencia con la postura del máximo representante del PSM. "Absolutamente de acuerdo con el modelo de gestión planteado por el PSM y rechazo de plano a las ideas de privatización o liberalizadoras que flotan en el ambiente no ya por la privatización en sí sino porque quiebra con el principio de la defensa", ha afirmado.
Doñoro ha puesto el énfasis en la situación de la Justicia en la ciudad alcalaína y ha mostrado su preocupación por que el Palacio de Justicia previsto en Alcalá quede obsoleto antes de que empiece su andadura, puesto que agrupa 16 órganos jurisdiccionales cuando la ciudad complutense cuenta ya con 18. Además de reclamar más personal y recursos ha insistido en la necesidad de crear más juzgados, concretamente dos más de lo penal, uno más de lo social -para atender conflictos entre trabajadores y empresarios que ahora se resuelven en Madrid con la consiguiente pérdida de tiempo cuando en el Corredor del Henares la población industrial está cercana a los 800.000 habitantes, ha explicado el Decano-, más juzgados de familia y juzgados de instrucción "para que las causas se tramiten con rapidez" porque las necesidades de la zona crecen. Cuestiones estas que se han trasladado "en innumerables ocasiones" al Gobierno regional aunque con poca receptividad, ha matizado el responsable del Colegio de Abogados de Alcalá.
Socialistas del Distrito de Salamanca
sábado, 27 de febrero de 2010
TOMÁS GÓMEZ APUESTA POR UNA JUSTICIA EFICAZ Y RÁPIDA
COLOQUIO CIUDADANO CON TOMÁS GÓMEZ
MARTES 2 DE MARZO A LAS 19:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL BUENAVISTA DE AVDA DE LOS TOREROS
Tomás Gómez apuesta por una Justicia eficaz, rápida y gratuita para garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos frente a la "agresión" que se produce por parte del Gobierno regional
El líder de los socialistas madrileños ha realizado esta afirmación tras la reunión que ha mantenido con el Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, José Luis Doñoro, y la junta directiva de dicho organismo, con quienes ha analizado los problemas de la Justicia tanto en Madrid como, más concretamente, en la ciudad alcalaína
"Apostar por una Justicia eficaz, rápida y gratuita es garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos", ha dicho Gómez, para quien es fundamental "profundizar en la democracia y en determinadas cuestiones económicas" ya que, por ejemplo, a más recursos y si la Justicia funciona mejor, se potenciaría el asentamiento empresarial en la región al poder contarse con seguridad jurídica.
Gómez ha destacado con asunto central del encuentro el asunto de la justicia gratuita y el turno de oficio en la Comunidad de Madrid por tres cuestiones básicas: primero porque "está habiendo una agresión por parte de la Comunidad de Madrid, cuestionando la profesionalidad de abogados", algo "fuera de lugar, inmoral y poco ético"; segundo porque persiste un grave problema de impagos al colectivo del turno de oficio que sólo ha percibido las retribuciones correspondientes al primer semestre de 2009, "lo que supone problemas financieros para quienes aseguran el derecho a la defensa de quienes no tienen recursos"; y, en tercer lugar, por la tendencia del Gobierno regional "a privatizar la justicia gratuita en Madrid", lo que a juicio de Gómez es "absolutamente inaceptable porque quiebra el principio de defensa al que tienen derecho todos los ciudadanos".
Sólo en Alcalá de Henares, tal y como han explicado Gómez y Doñoro, se atendieron el pasado año más de 16.000 designaciones y la deuda pendiente con el turno de oficio se sitúa en torno a los 4 millones de euros.
Por todo ello, Gómez ha subrayado que los socialistas madrileños "defendemos un modelo de justicia gratuito", especialmente ahora, con la crisis, cuando más gente se puede encontrar sin recursos. Asimismo ha recordado el pacto por la Justicia que el PSM ofreció en octubre del pasado año al Gobierno de Esperanza Aguirre, "sobre el que aún no recibimos respuesta" y que "reclama no sólo el PSM sino todo el mundo de la jurisprudencia".
"Hay que avanzar en la concentración de sedes judiciales porque la dispersión ocasiona problemas y disfunciones en funcionamiento de justicia", ha añadido el Secretario General del PSM quien ha insistido en lo indispensable que resulta tanto para la región como en concreto para Alcalá de Henares la apuesta por mejores infraestructuras, más recursos y más personal a través de ofertas públicas de empleo.
El Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, José Luis Doñoro, ha valorado positivamente el encuentro y ha mostrado su coincidencia con la postura del máximo representante del PSM. "Absolutamente de acuerdo con el modelo de gestión planteado por el PSM y rechazo de plano a las ideas de privatización o liberalizadoras que flotan en el ambiente no ya por la privatización en sí sino porque quiebra con el principio de la defensa", ha afirmado.
Doñoro ha puesto el énfasis en la situación de la Justicia en la ciudad alcalaína y ha mostrado su preocupación por que el Palacio de Justicia previsto en Alcalá quede obsoleto antes de que empiece su andadura, puesto que agrupa 16 órganos jurisdiccionales cuando la ciudad complutense cuenta ya con 18. Además de reclamar más personal y recursos ha insistido en la necesidad de crear más juzgados, concretamente dos más de lo penal, uno más de lo social -para atender conflictos entre trabajadores y empresarios que ahora se resuelven en Madrid con la consiguiente pérdida de tiempo cuando en el Corredor del Henares la población industrial está cercana a los 800.000 habitantes, ha explicado el Decano-, más juzgados de familia y juzgados de instrucción "para que las causas se tramiten con rapidez" porque las necesidades de la zona crecen. Cuestiones estas que se han trasladado "en innumerables ocasiones" al Gobierno regional aunque con poca receptividad, ha matizado el responsable del Colegio de Abogados de Alcalá.
MARTES 2 DE MARZO A LAS 19:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL BUENAVISTA DE AVDA DE LOS TOREROS
Tomás Gómez apuesta por una Justicia eficaz, rápida y gratuita para garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos frente a la "agresión" que se produce por parte del Gobierno regional
El líder de los socialistas madrileños ha realizado esta afirmación tras la reunión que ha mantenido con el Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, José Luis Doñoro, y la junta directiva de dicho organismo, con quienes ha analizado los problemas de la Justicia tanto en Madrid como, más concretamente, en la ciudad alcalaína
"Apostar por una Justicia eficaz, rápida y gratuita es garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos", ha dicho Gómez, para quien es fundamental "profundizar en la democracia y en determinadas cuestiones económicas" ya que, por ejemplo, a más recursos y si la Justicia funciona mejor, se potenciaría el asentamiento empresarial en la región al poder contarse con seguridad jurídica.
Gómez ha destacado con asunto central del encuentro el asunto de la justicia gratuita y el turno de oficio en la Comunidad de Madrid por tres cuestiones básicas: primero porque "está habiendo una agresión por parte de la Comunidad de Madrid, cuestionando la profesionalidad de abogados", algo "fuera de lugar, inmoral y poco ético"; segundo porque persiste un grave problema de impagos al colectivo del turno de oficio que sólo ha percibido las retribuciones correspondientes al primer semestre de 2009, "lo que supone problemas financieros para quienes aseguran el derecho a la defensa de quienes no tienen recursos"; y, en tercer lugar, por la tendencia del Gobierno regional "a privatizar la justicia gratuita en Madrid", lo que a juicio de Gómez es "absolutamente inaceptable porque quiebra el principio de defensa al que tienen derecho todos los ciudadanos".
Sólo en Alcalá de Henares, tal y como han explicado Gómez y Doñoro, se atendieron el pasado año más de 16.000 designaciones y la deuda pendiente con el turno de oficio se sitúa en torno a los 4 millones de euros.
Por todo ello, Gómez ha subrayado que los socialistas madrileños "defendemos un modelo de justicia gratuito", especialmente ahora, con la crisis, cuando más gente se puede encontrar sin recursos. Asimismo ha recordado el pacto por la Justicia que el PSM ofreció en octubre del pasado año al Gobierno de Esperanza Aguirre, "sobre el que aún no recibimos respuesta" y que "reclama no sólo el PSM sino todo el mundo de la jurisprudencia".
"Hay que avanzar en la concentración de sedes judiciales porque la dispersión ocasiona problemas y disfunciones en funcionamiento de justicia", ha añadido el Secretario General del PSM quien ha insistido en lo indispensable que resulta tanto para la región como en concreto para Alcalá de Henares la apuesta por mejores infraestructuras, más recursos y más personal a través de ofertas públicas de empleo.
El Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, José Luis Doñoro, ha valorado positivamente el encuentro y ha mostrado su coincidencia con la postura del máximo representante del PSM. "Absolutamente de acuerdo con el modelo de gestión planteado por el PSM y rechazo de plano a las ideas de privatización o liberalizadoras que flotan en el ambiente no ya por la privatización en sí sino porque quiebra con el principio de la defensa", ha afirmado.
Doñoro ha puesto el énfasis en la situación de la Justicia en la ciudad alcalaína y ha mostrado su preocupación por que el Palacio de Justicia previsto en Alcalá quede obsoleto antes de que empiece su andadura, puesto que agrupa 16 órganos jurisdiccionales cuando la ciudad complutense cuenta ya con 18. Además de reclamar más personal y recursos ha insistido en la necesidad de crear más juzgados, concretamente dos más de lo penal, uno más de lo social -para atender conflictos entre trabajadores y empresarios que ahora se resuelven en Madrid con la consiguiente pérdida de tiempo cuando en el Corredor del Henares la población industrial está cercana a los 800.000 habitantes, ha explicado el Decano-, más juzgados de familia y juzgados de instrucción "para que las causas se tramiten con rapidez" porque las necesidades de la zona crecen. Cuestiones estas que se han trasladado "en innumerables ocasiones" al Gobierno regional aunque con poca receptividad, ha matizado el responsable del Colegio de Abogados de Alcalá.
viernes, 19 de febrero de 2010
ZAPATERO Y LOS MERCADOS FINANCIEROS
Zapatero considera una "paradoja" que los mercados que causaron el déficit examinen a los gobiernos
El presidente español se reúne con Brown para analizar la economía de la UE
AGENCIAS - Londres - 19/02/2010
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha considerado esta tarde, en un foro progresista celebrado en Londres, una "paradoja" que los mercados financieros, a los que los Estados acudieron raudos a salvar -haciendo una fuerte inversión pública y provocando así el déficit que arrastran- sean los mismos que ahora que examinan a los gobiernos y los ponen en dificultades.
Zapatero ha advertido de que los déficit públicos se irán reduciendo, pero no a costa de la cohesión social. En el mismo foro, un seminario sobre estrategias de salida de la crisis organizado por el centro de estudios Policy Network, vinculado al Partido Laborista, ha participado también los primeros ministros del Reino Unido, Grecia y Noruega. Tras la mesa redonda, Zapatero ha mantenido un encuentro bilateral en Downing Street con el mandatario británico, Gordon Brown.
El jefe del Ejecutivo español ha pedido a los organismos internacionales, que "se pronuncian tan a menudo sobre la solvencia de los países", que reflexionen y recuerden que "los déficit públicos" son la consecuencia de "las tesis sobre el sistema financiero de los mismos que hoy exigen apremiantemente a todos los gobiernos reducir los déficit". "Vaya paradoja y vaya contradicción", ha reiterado.
Al hilo de ello, ha subrayado el hecho de que exista una diferencia esencial: "Los gobiernos tenemos nombre y apellidos, mientras que los mercados son anónimos". A renglón seguido, ha pedido que no haya una "dialéctica de confrontación" entre gobiernos y mercados y que éstos no tengan desconfianza hacia los primeros. El jefe del Ejecutivo español ha invitado a los mercados y a los inversores que tengan una perspectiva de medio y largo plazo porque ellos también están interesados en la recuperación y han de contribuir a la estabilidad de los países.
"No caer en la trampa"
En esta línea, ha defendido que se reduzca el déficit público cuando la recuperación económica sea "activa" porque no hay que caer "en la trampa" de aquellos que piensan en sus "intereses a corto y medio plazo". Zapatero ha considerado que tras la crisis "el tiempo que se ha de reconstruir es el de la regulación", y ha dicho que los gobiernos van a ir retirando paulatinamente sus intervenciones en los mercados financieros. Pero, al mismo tiempo, ha puntualizado que no se pueden dejar las cosas como estaban y los gobiernos no pueden retirarse de controlar todos los productos financieros y de dejar de acabar con los paraísos fiscales. Zapatero ha expresado sus solidaridad con Grecia y con su primer ministro y ha señalado que el Ejecutivo de Papandreu y la inmensa mayoría de los ciudadanos griegos no tienen culpa de lo que está ocurriendo en ese país.
Por el contrario, el Gobierno griego merece a su juicio toda la confianza de las instituciones europeas y de los mercados por los pasos que ha dado y "por la credibilidad que está demostrando". Asimismo, ha elogiado el papel de Brown tanto en la UE como en el G-20 para hacer frente a la crisis económica y dijo que cuando se salga de la crisis, lo primero que se va a determinar es qué valores predominan en la nueva etapa, y consideró que son los valores progresistas los que pueden facilitar "equilibrio, armonía y cohesión".
El centro de estudios progresista Policy Network, organizador del Foro anual de Líderes Progresistas al que Zapatero ha acudido en dos ocasiones, había invitado al presidente español a participar en el seminario Empleo, Industria y Oportunidades: Estrategias de crecimiento después de la crisis. Es la tercera y última mesa redonda de la jornada, que lleva por título Europa después de la crisis global, en la que le han acompañado Gordon Brown, Yorgos Papandreu y Jens Stoltenberg. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha participado en la primera sesión del seminario, dedicada a Nuevos modelos de crecimiento: promoviendo más y mejores empleos en una economía baja en emisiones, a las 9.30 hora local (una hora más en la España peninsular).
Tras su intervención en el seminario, Zapatero se ha reunido con Brown en Downing Street para hablar de la situación económica mundial en general, de la próxima cumbre del G20, de las dificultades que atraviesa Grecia y del Consejo Europeo de primavera de marzo, que abordará el plan europeo para el crecimiento económico y del empleo de los próximos 10 años, según fuentes gubernamentales españolas. La puesta en marcha del Tratado de Lisboa, la cooperación al desarrollo, otros temas de la agenda internacional -como la situación en Irán, Afganistán y Pakistán- y las relaciones bilaterales están previsiblemente también en sus conversaciones.
El presidente español se reúne con Brown para analizar la economía de la UE
AGENCIAS - Londres - 19/02/2010
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha considerado esta tarde, en un foro progresista celebrado en Londres, una "paradoja" que los mercados financieros, a los que los Estados acudieron raudos a salvar -haciendo una fuerte inversión pública y provocando así el déficit que arrastran- sean los mismos que ahora que examinan a los gobiernos y los ponen en dificultades.
Zapatero ha advertido de que los déficit públicos se irán reduciendo, pero no a costa de la cohesión social. En el mismo foro, un seminario sobre estrategias de salida de la crisis organizado por el centro de estudios Policy Network, vinculado al Partido Laborista, ha participado también los primeros ministros del Reino Unido, Grecia y Noruega. Tras la mesa redonda, Zapatero ha mantenido un encuentro bilateral en Downing Street con el mandatario británico, Gordon Brown.
El jefe del Ejecutivo español ha pedido a los organismos internacionales, que "se pronuncian tan a menudo sobre la solvencia de los países", que reflexionen y recuerden que "los déficit públicos" son la consecuencia de "las tesis sobre el sistema financiero de los mismos que hoy exigen apremiantemente a todos los gobiernos reducir los déficit". "Vaya paradoja y vaya contradicción", ha reiterado.
Al hilo de ello, ha subrayado el hecho de que exista una diferencia esencial: "Los gobiernos tenemos nombre y apellidos, mientras que los mercados son anónimos". A renglón seguido, ha pedido que no haya una "dialéctica de confrontación" entre gobiernos y mercados y que éstos no tengan desconfianza hacia los primeros. El jefe del Ejecutivo español ha invitado a los mercados y a los inversores que tengan una perspectiva de medio y largo plazo porque ellos también están interesados en la recuperación y han de contribuir a la estabilidad de los países.
"No caer en la trampa"
En esta línea, ha defendido que se reduzca el déficit público cuando la recuperación económica sea "activa" porque no hay que caer "en la trampa" de aquellos que piensan en sus "intereses a corto y medio plazo". Zapatero ha considerado que tras la crisis "el tiempo que se ha de reconstruir es el de la regulación", y ha dicho que los gobiernos van a ir retirando paulatinamente sus intervenciones en los mercados financieros. Pero, al mismo tiempo, ha puntualizado que no se pueden dejar las cosas como estaban y los gobiernos no pueden retirarse de controlar todos los productos financieros y de dejar de acabar con los paraísos fiscales. Zapatero ha expresado sus solidaridad con Grecia y con su primer ministro y ha señalado que el Ejecutivo de Papandreu y la inmensa mayoría de los ciudadanos griegos no tienen culpa de lo que está ocurriendo en ese país.
Por el contrario, el Gobierno griego merece a su juicio toda la confianza de las instituciones europeas y de los mercados por los pasos que ha dado y "por la credibilidad que está demostrando". Asimismo, ha elogiado el papel de Brown tanto en la UE como en el G-20 para hacer frente a la crisis económica y dijo que cuando se salga de la crisis, lo primero que se va a determinar es qué valores predominan en la nueva etapa, y consideró que son los valores progresistas los que pueden facilitar "equilibrio, armonía y cohesión".
El centro de estudios progresista Policy Network, organizador del Foro anual de Líderes Progresistas al que Zapatero ha acudido en dos ocasiones, había invitado al presidente español a participar en el seminario Empleo, Industria y Oportunidades: Estrategias de crecimiento después de la crisis. Es la tercera y última mesa redonda de la jornada, que lleva por título Europa después de la crisis global, en la que le han acompañado Gordon Brown, Yorgos Papandreu y Jens Stoltenberg. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha participado en la primera sesión del seminario, dedicada a Nuevos modelos de crecimiento: promoviendo más y mejores empleos en una economía baja en emisiones, a las 9.30 hora local (una hora más en la España peninsular).
Tras su intervención en el seminario, Zapatero se ha reunido con Brown en Downing Street para hablar de la situación económica mundial en general, de la próxima cumbre del G20, de las dificultades que atraviesa Grecia y del Consejo Europeo de primavera de marzo, que abordará el plan europeo para el crecimiento económico y del empleo de los próximos 10 años, según fuentes gubernamentales españolas. La puesta en marcha del Tratado de Lisboa, la cooperación al desarrollo, otros temas de la agenda internacional -como la situación en Irán, Afganistán y Pakistán- y las relaciones bilaterales están previsiblemente también en sus conversaciones.
lunes, 8 de febrero de 2010
LAS PENSIONES SON VIABLES
Debido a que la viabilidad de las pensiones se está cuestionando de nuevo, volvemos a publicar en este blog el artículo de Vicenç Navarro “Las pensiones son viables”. Publicado en la revista el VIEJO TOPO, Julio-Agosto 2009.
Graves errores metodológicos hechos por los economistas (y los medios de información y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones.
Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.
Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.
Graves errores metodológicos hechos por los economistas (y los medios de información y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones.
Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.
Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.
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