Hay vida política en los barrios. Al menos, en el de Salamanca, escenario ayer de un vivo debate sobre el estado del distrito, fórmula de transparencia política aplicada en su cuarta edición anual. Oficiaba de director el concejal-presidente de la Junta, Íñigo Henríquez de Luna, "del sector autónomo del Partido Popular", al decir socarrón de un asistente, en referencia a ciertas asintonías con el alcalde. Frente a él, Alejandro Iñurrieta, del PSOE, y al lado de éste, Antonio Gimeno, de IU. Buen clima de confrontación: argumentos, datos, réplicas y refutaciones, todo ello expuesto con corrección y método. Mas una mácula grave: los vecinos tenían prohibido hablar.
Según el prolongado informe de Henríquez de Luna, más de una hora de exposición, el distrito de Salamanca goza de buena salud: con sus 147.961 habitantes, el paro es del 3,22%. La filosofía política del PP la expuso de manera sintética: "Nuestro distrito tiene un sustrato residencial". Ergo, los estacionamientos subterráneos -también bajo los colegios- son necesarios para retener a los residentes.
De ahí a glosar las obras bajo la calle de Serrano había sólo un paso: "No costarán una perra a los vecinos", argumentó. Pero el silencio impuesto a los residentes les impidió plantear las talas salvajes y la zarabanda de ruidos, cortes de luz y de agua que les flagelan desde hace meses.
Argumentos repetidos
El portavoz socialista Alejandro Iñurrieta puso el dedo en la llaga: "Una sola escuela pública en todo el distrito". Denunció luego el proyecto de excavación de ocho sótanos para un estacionamiento de 173 automóviles en la calle de Povedilla y alertó sobre los riesgos de hacerlo sin informe de impacto. Al cabo, criticó la "pérdida de competencias de las Juntas Municipales frente a las áreas de Gobierno", observación que Henríquez dijo compartir. Iñurrieta desmontó las críticas antigubernamentales del PP: "Si el Ayuntamiento se endeuda en 6.000 millones, ¿acaso no puede hacerlo el Estado para reducir el paro?", preguntó.
Antonio Gimeno, de IU, abogó porque el colegio General Mola -director del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil- adopte otro nombre: "La Memoria histórica no es ninguna revancha, pues mi partido, el PCE, ya en 1955 proclamó la política de reconciliación nacional; es tan sólo justicia para quienes tienen derecho a enterrar a sus muertos", sentenció.
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